Después del feminicidio de Karla Margarita Pérez, el debate ya no puede quedarse únicamente en detener al presunto responsable. Hay una pregunta que las autoridades de Jalisco deben responder: ¿cómo permitieron durante meses que las propias aplicaciones ofrecieran un servicio que la Secretaría de Transporte sostiene que no está permitido?

La SETRAN informó que sancionó a Uber, DiDi e inDrive y retiró 41 motocicletas NO PUES WOOOOW !!!. Las multas pueden alcanzar 22 mil 628 pesos, una verdadera BICOCA para lo que ganan estas empresas cada segundo. Pero hay un dato todavía más incómodo: la propia dependencia afirma que las empresas habían sido notificadas por escrito desde el 9 de octubre de 2025, de que el traslado de pasajeros en motocicleta era ilegal en Jalisco.

Es decir: la autoridad sabía que las plataformas ofrecían el servicio y las empresas sabían que la autoridad lo consideraba ilegal.

Y pasó casi un año.

Ahora resulta difícil entender que la respuesta frente a corporaciones de esta dimensión sea una multa de poco más de 22 mil pesos y operativos contra motociclistas, mientras la opción continúa siendo el verdadero punto de discusión dentro de las aplicaciones.

El contraste es inevitable.

Hace apenas unos meses, el Gobierno de Jalisco inauguró CON BOMBO Y PLATILLO sobre Carretera a Chapala un patio especial para vehículos de plataformas digitales que permite recoger pasajeros provenientes del Aeropuerto de Guadalajara. El proyecto tuvo una inversión pública reportada de 26 millones de pesos y fue inaugurado por el gobernador Pablo Lemus, APAPACHOS PARA ESTAS EMPRESAS TRANSNACIONALES MULTIMILLONARIAS.

No hay contradicción jurídica automática entre ambos hechos: los automóviles de plataforma autorizados y el transporte de pasajeros en motocicleta son modalidades distintas. Peeeeroooo políticamente sí abre una pregunta legítima:

Si hubo capacidad para sentarse con estas empresas, construir infraestructura y ordenar su operación alrededor del aeropuerto INVIRTIENDO UNA MILLONADA DE DINERO DEL PUEBLO ¿por qué no hubo la misma eficacia para impedir durante meses una modalidad que el propio Gobierno estatal consideraba ilegal?

A esto se suma otro señalamiento, practicamente UNA CONFESIÓN. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció públicamente que existían reportes relacionados con acoso, tocamientos indebidos y abusos atribuidos a conductores de motocicletas que prestaban este tipo de servicio, WHAAAAAAAT!!!!

Eso cambia el tamaño de la discusión.

Ya no estamos hablando solamente de si una motocicleta puede o no transportar pasajeros. Estamos hablando de qué conocían las autoridades, desde cuándo lo conocían y ¿QUE HICIERON? para proteger a los usuarios, particularmente a las mujeres.

Tras el caso de Karla, inDrive informó la suspensión de esta modalidad ¿¿NADA MAS??? ¿cuanto pagó a la familia de Karla por la reparación del daño?

Y aquí quedan preguntas que merecen una respuesta pública:

¿Por qué se esperó hasta después de una tragedia para endurecer los operativos? ¿Qué acciones se realizaron desde octubre de 2025, cuando las empresas fueron notificadas? ¿Son suficientes multas de 22 mil pesos? ¿Y quién debe garantizar que una opción considerada ilegal simplemente deje de aparecer en una aplicación?¿El gobierno de Jalisco seguirá "chiqueando" a estas empresas? mismas que se vieron ampliamente favorecidas $$$$$ durante el mundial.

Esto no debería convertirse en una discusión de colores políticos ni en una condena anticipada contra una empresa.

Debe convertirse en una discusión sobre responsabilidad, regulación y prevención.

Porque después de una tragedia es relativamente sencillo anunciar operativos.

Lo verdaderamente importante es explicar qué se hizo antes para evitarla.

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