La detención de Eduardo Issac “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, permitió conocer un dato que abre una discusión que va más allá del proceso penal: según la investigación difundida por la Fiscalía de Jalisco, el hombre prestaba un servicio de transporte privado mediante plataforma digital y habría trasladado a Karla en motocicleta antes de llevarla a una brecha de Las Agujas, en Zapopan. Será un juez quien determine su responsabilidad penal.

Pero aquí aparece una pregunta de responsabilidad pública.

El servicio comercial de traslado de pasajeros en motocicleta no está autorizado en Jalisco. La Ley de Movilidad establece restricciones expresas para utilizar motocicletas en transporte público o trasladar pasajeros con fines comerciales sin autorización.

Además, esto no era una situación desconocida. En abril, la Secretaría de Transporte confirmó públicamente que el servicio de pasajeros en motocicleta mediante plataformas estaba prohibido y realizó operativos para retirar unidades.

Y apenas el 25 de agosto, menos de un mes antes del crimen de Karla, se documentó que las aplicaciones seguían ofreciendo viajes en motocicleta en Guadalajara, pese a que SETRAN sostenía que el servicio no estaba autorizado.

Por eso las preguntas deben dirigirse directamente al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor**, quien continúa al frente de la dependencia, y al gobernador Pablo Lemus Navarro.

Secretario Diego Monraz: si su dependencia sabía que este servicio era ilegal, ¿por qué seguía disponible para cualquier joven desde un teléfono celular?

¿Cuántos operativos realizaron realmente contra este servicio? ¿Cuántos conductores fueron sancionados? ¿Cuántas motocicletas fueron retiradas y cuántas volvieron posteriormente a operar?

¿SETRAN notificó formalmente a Uber, DiDi u otras plataformas para que eliminaran esta modalidad en Jalisco? Si lo hizo, ¿cuándo, mediante qué documento y qué respondieron las empresas?

¿Existe algún procedimiento o sanción contra las plataformas por ofrecer al público un servicio que la propia autoridad estatal sostiene que no está permitido?

Y al gobernador Pablo Lemus:

¿Va a ordenar una revisión de por qué una actividad que su Gobierno reconoce como no autorizada seguía ofreciéndose libremente en aplicaciones?

¿Qué acciones concretas se tomarán a partir del caso de Karla para evitar que más mujeres y jóvenes contraten, sin saberlo, un servicio que carece de autorización estatal?

Hay que ser precisos: hasta ahora no existe evidencia pública para afirmar que la falta de vigilancia gubernamental haya causado el feminicidio de Karla. El responsable del crimen deberá determinarse en tribunales.

Pero eso no elimina una pregunta legítima de rendición de cuentas:

!!Si estaba prohibido, ¿por qué seguía funcionando?

No basta con que una prohibición exista en una ley si en la práctica el servicio permanece a unos cuantos clics de distancia.

Karla tenía 22 años y estudiaba Medicina.

Hoy su caso también obliga a revisar si las autoridades hicieron todo lo necesario para hacer cumplir una norma que ellas mismas reconocían que estaba siendo vulnerada.

🕯️ Justicia para Karla, pero también respuestas para las miles de jóvenes que utilizan aplicaciones de transporte todos los días.

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Charly Saucedo